En 20 años de la nueva Constitución colombiana se han hecho 29 reformas, se alcanzó a discutir un mecanismo para proteger la Carta del reformismo, pero no pasó.

 

Tomado de ELTIEMPO.COM hoy 17 de junio de 2011.

 

En el Gobierno Uribe, se aprobaron 13 modificaciones, entre
ellas, la reelección presidencial.

Las constituciones establecen normas que regulan el proceso
político. También garantizan los derechos y limitan el ejercicio del poder. Eso
se logra a través de las llamadas “reglas mordaza”. La garantía de la
permanencia constitucional es una de ellas. Como lo señala Stephen Holmes,
profesor de la Universidad de Chicago, “una Constitución es como un freno,
mientras que la mayoría es como un caballo desbocado”.

Ese principio de rigidez constitucional debe ponderarse.
“Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones
futuras”, decía la Constitución jacobina de 1793. Lograr ese equilibrio es
uno de los dilemas más complejos de la democracia.

Bloquear las reformas puede conducir a crisis
institucionales.

Hacerlas como si fueran una ley más lleva a la
inestabilidad, a la incertidumbre sobre los derechos y a la erosión de la
Constitución.

Una Constitución flexible

A diferencia de la Constitución del 86, la carta actual
establece varios caminos para su reforma: el Congreso, la Asamblea
Constituyente y el pueblo, mediante referendo.

En la Asamblea del 91 se propuso una norma transitoria, que
decía: “Esta Constitución no podrá ser reformada dentro de los ocho años
siguientes a la fecha en que entre a regir”. Su propósito era evitar los
riesgos de la contrarreforma. La iniciativa alcanzó a ser adoptada en la
Comisión Primera de la Asamblea, pero luego fue desechada.

Reformas, a la carta

La Constitución ha sido objeto de 29 reformas que modifican
49 artículos. En cinco ocasiones se ha cambiado la Carta de derechos: la
extradición, la expropiación sin indemnización y la llamada dosis personal son
algunas de ellas.

En un primer momento se devolvieron privilegios a la clase
política y a sectores del poder. Se pueden mencionar la restauración de las
suplencias en el Congreso y la composición de los tribunales militares por
miembros de la fuerza pública, activos o en retiro.

En un segundo grupo, las reformas al ordenamiento
territorial y la descentralización. La Constitución contrarrestó el centralismo
y trasladó poder y recursos a las entidades territoriales. Esa orientación se
ha ido revirtiendo con sucesivos cambios, que disminuyen la asignación de
recursos y mantienen las mismas competencias. Por iniciativa del ejecutivo se
han expedido tres actos legislativos con cambios recurrentes a los artículos
356 y 357. Más de la tercera parte de las 29 reformas se relacionan con esta
materia sin que hubiera avanzado en la democracia local ni en la transparencia
en la gestión pública local.

Luego, están las reformas políticas de 2003 y 2009. La
primera estableció las listas únicas, modificó la distribución de curules por
cuocientes y residuos y los reemplazó por la cifra repartidora y el umbral. El
buen sentido de la agrupación lo contrarrestó el voto preferente. Se
restringieron los derechos de la oposición y se entregó a las mayorías partidistas
la facultad para integrar el Consejo Nacional Electoral. Con la crisis de la
parapolítica, en el 2009 se aprobó una reforma, que hace responsables a los
partidos y los obliga a la transparencia y la rendición de cuentas. Sin
embargo, dispuso que el régimen de reemplazos por las detenciones de los
congresistas solo opera para las investigaciones iniciadas con posterioridad a
su aprobación.

Aunque se fortaleció la figura de la moción de censura,
ninguno de los intentos para su aplicación ha prosperado y el control político
sobre el ejecutivo es casi que inexistente.

2002 a 2008: la erosión

En la administración Uribe (2002-2010) se aprobaron trece
reformas, la mayoría de iniciativa gubernamental. Se apeló a una propuesta de
referendo, que pretendía llevar al elector a votar en bloque cambios sobre 18
artículos y utilizar la democracia participativa como instrumento del
“estado de opinión”. Durante ese período se amplió el poder
presidencial en los territorios y se restringió la descentralización fiscal.
Sin embargo, la captura de la democracia local por el crimen organizado no
cedió. Se modificó el derecho a la seguridad social y se aprobó la reelección
presidencial, que debilitó el sistema de pesos y balances entre las ramas y
órganos del poder público.

En el 2004, la Corte Constitucional declaró inconstitucional
una reforma que restringía los derechos y las garantías individuales.

En este último período, la Corte ha construido una nueva
jurisprudencia sobre las reformas a la Constitución, que se extiende a los
llamados vicios de competencia. En este caso, examina si los cambios sustituyen
sus principios o afectan el bloque de constitucionalidad. Un ejemplo de este
control ampliado es la sentencia C-141 de 2010, que declaró inexequible la
reforma que permitía la segunda reelección presidencial. Esa reforma habría
desquiciado el orden constitucional.

Más poderes al ejecutivo

Cuando se cumplan 20 años de la Carta del 91, se tendrán
cuatro nuevas reformas. De ellas, tres son de origen gubernamental: la que
suprime la Comisión Nacional de Televisión, la que modifica la regulación sobre
la explotación de los recursos naturales no renovables (regalías) y la que
establece el “criterio” de la sostenibilidad fiscal. Otra, que
flexibiliza el régimen de pérdida de la investidura para la votación de
reformas a la Constitución, fue presentada por varios congresistas.

La primera, desconstitucionaliza la regulación estatal y
delega en una ley, de iniciativa gubernamental, la política en materia de
televisión. La segunda crea el sistema general de regalías y modifica los
criterios para su asignación territorial. Un fondo regional será administrado
por el ejecutivo nacional y una ley, también de origen gubernamental, precisará
sus alcances. En el caso de la sostenibilidad fiscal, aun con los cambios
introducidos (criterio

y ya no principio o derecho e incidente de impacto fiscal),
queda el peligro de su impacto sobre el estado social de derecho y en la
protección judicial de los derechos económicos y sociales.

En cuanto al cambio en el régimen de impedimentos, hay un
entorno de corrupción política, que debería llevar a más, y no a menos,
controles sobre los congresistas. La reforma a la justicia anunciada para la
próxima legislatura será su prueba de fuego.

Varias reformas han sido oportunidades perdidas para saldar
algunos vacíos y para profundizar el horizonte que abrió la Constitución. En
más de una ocasión se ha modificado su texto para cambiar leyes mal concebidas
por el Congreso. Problemas como la atención en salud y la corrupción en las
regalías no están en la Constitución, sino en la ley.

Veinte años después, con múltiples crisis, de conflicto
armado y de intentos contrarreformistas promovidos desde el poder, la Carta del
91 es un texto vivo.

El capítulo de los derechos fundamentales y la Corte
Constitucional han sido parte esencial de su permanencia. Hoy, con un nuevo
ambiente político, la Constitución es referencia imprescindible para la
democracia, la inclusión social y la convivencia ciudadana.

Sobre el autor

Armando Novoa fue presidente de El Congresito, institución
que expidió las primeras reglamentaciones de la Constitución. Ahora, preside la
Fundación Plural, que agrupa a los ex constituyentes.

Serpa, Navarro y De la Calle, en el Foro

Horacio Serpa, Antonio Navarro y Humberto de la Calle
protagonizarán el panel político que cerrará el foro Encuentro con la
Constitución, el 21 de junio, en el Auditorio Mario Laserna, de la U. de los
Andes.

Recordando la Constituyente

Nace el derecho al debido proceso

Fue consagrado en el artÍculo 49

En la Carta de 1991 nació el derecho al debido proceso. El
Artículo 29 estableció que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” y que
“quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Sí, a la equidad de género

La mujer no podrá ser discriminada

La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y de la
mujer fue consagrada en la Carta del 91. En el Artículo 43 de la Constitución
se estableció que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación” y que el Estado brindará un “apoyo especial a las
madres cabeza de familia”.

Lo aprobado hace 20 años

El 15 de mayo de 1991, la Constituyente consagró la
educación como un derecho de todas las personas y un “servicio público con
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. La Carta
Política estableció que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de
la educación, obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, y determinó su gratuidad
en las instituciones estatales. El Estado también debe velar por la calidad de
esta.

ARMANDO NOVOA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: